El Gobierno Nacional ha reconocido que varias de sus entidades y dependencias actualmente tienen un acumulado conjunto aproximado a los 400 mil procesos judiciales activos en contra, que no han sido liquidados, y que ascienden a más de 10 billones de pesos. Los retrasos en estos pagos afectan la cartera del Estado y muchas veces se da por falta de conocimiento para presentar la documentación requerida, dirigirse a la Entidad que realmente concierne, y a la falta de asesoría para los beneficiarios, factores que dejan de ser un problema por medio de la compra de sentencias.
Lo más importante es que a quienes más los aquejan son a los beneficiarios a quien corresponde este dinero, personas y familias en condición vulnerable que tienen la necesidad de recibir lo más pronto posible este dinero para mejorar su calidad de vida. Por esta razón, toma más importancia la compra de sentencias, siendo una modalidad legal que permite la cesión de derechos económicos de las sentencias y conciliaciones aprobadas para víctimas del Estado.
Realizar el proceso de compra de sentencias es posible en un periodo que solamente podría extenderse hasta tres meses, siempre y cuando, se cumplan algunos pasos fundamentales, como recolección de toda la documentación necesaria y la revisión jurídica detallada que confirma la viabilidad de compra.